La RSE implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional vigente y especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos, líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales).

La RSE es de carácter global, es decir afecta todas las áreas de negocio de la empresa, así como todas las áreas geográficas donde desarrollen su actividad. Afecta por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la actividad, prestación del servicio o producción del bien.

La RSE conlleva compromisos éticos objetivos que se convierten de este modo en obligación para quien los contrae. Debe haber coherencia entre los compromisos públicos adquiridos con las estrategias y decisiones de negocio, ya que si no se convertirá en una simple gestión de la reputación.

La RSE se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en el ámbito social, medioambiental y económico. Para su gestión es imprescindible identificar, prevenir y atenuar las posibles consecuencias adversas que puedan producirse.

La RSE se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y necesidades de los grupos de interés. Deben generar procesos que integren las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas de los mismos en las operaciones empresariales y en la estrategia, de manera que se genere valor no sólo para los accionistas sino para todos los grupos de interés y la sociedad.